73
noviembre
2007

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NO HAY EQUIDAD SOCIAL SIN EQUIDAD DE GÉNERO

      El Consejo Asesor Presidencial en materias de trabajo, salario, competitividad y equidad social, tiene el encargo de elaborar recomendaciones sobre estas materias después de recavar diagnósticos y de haber convocado a distintos sectores sociales y centros de estudios. De esta manera, los miembros del Consejo estarían en condiciones de acceder a una mirada global y compleja sobre las desigualdades sociales en sus diferentes dimensiones –económicas, sociales, políticas y culturales– así como sobre sus interrelaciones con diversos sistemas de desigualdad anclados en el género, la etnia, la edad y otras.
      No obstante, una primera lectura de las audiencias convocadas por el Consejo y las declaraciones de algunos de sus miembros muestran un preocupante grado de invisibilización de las desigualdades de género.
     Existe una creciente preocupación sobre la baja tasa de participación laboral de las mujeres en relación con las tasas de participación masculina y las alcanzadas por las mujeres en otros países. A partir de ello el Consejo parece coincidir rápidamente en propiciar la incorporación de las mujeres pobres al mercado de trabajo para complementar los ingresos familiares y que sus hogares superen así la línea de la pobreza. La mayoría de sus integrantes no relacionan la tasa de participación de las mujeres pobres con las condiciones en que se distribuye el trabajo productivo y reproductivo y en que se reparten los recursos y oportunidades entre hombres y mujeres.
     Argumentos para el cambio ha subrayado permanentemente la importancia de dotar a las mujeres de autonomía económica, pero también quiere alertar sobre medidas de políticas que las instrumentalizan por no tomar en cuenta ni la división sexual del trabajo que todavía predomina, ni su menor reconocimiento y valoración social. Estos factores son responsables de la inserción de las mujeres en peores condiciones laborales.


Sabía que...
Entre 1990 y 2006, las familias monoparentales (sólo con presencia de madre o de padre) subieron del 22,2% al 25,6%. El 84,5% de estas familias monoparentales tenían jefatura femenina.

Las raíces de la desigualdad de género

      Una de las medidas para superar la pobreza propuesta por la mayoría del Consejo es la incorporación de las mujeres pobres al mercado laboral. Pese a que existe información y análisis sobre la discriminación de las mujeres en el mercado laboral, así como sobre las tensiones que ellas sufren debido a las exigencias simultáneas del trabajo reproductivo y productivo, los miembros del Consejo no les dan la importancia debida. Tampoco toman en cuenta los factores que inciden en la pobreza de las mujeres, diferentes a los que condicionan la pobreza masculina.
      Los factores que excluyen a las mujeres del mercado de trabajo son múltiples y sobre ellos se tiene que actuar para que realmente se promueva mayor equidad social. Tienen que ver con el peso de los estereotipos sexuales, el número de hijos e hijas y sus requerimientos de cuidado, que son diferentes de acuerdo a la edad, y la atención de otros familiares así como la insuficiencia de servicios públicos adecuados. Ingresar al mercado de trabajo en condiciones precarias y con bajos salarios no compensa los costos que les significa su salida del hogar. Hay un costo por delegar parte de los trabajos domésticos y de cuidado, por la falta de tiempo para buscar productos a mejores precios y para realizar gestiones en distintas instituciones sociales, y también tiene un costo la vestimenta que se necesita para salir a trabajar. Por otra parte, también aumenta la intensidad de su carga de trabajo.
      Los mecanismos discriminatorios actúan a través de los estereotipos que existen sobre las capacidades, intereses y comportamientos de las mujeres, los que influyen en el momento de la contratación, en la permanencia y la calidad del empleo. La asignación de las tareas reproductivas en forma exclusiva a ellas, las hace dependientes, material y afectivamente, de la autoridad marital, sobre todo en los sectores más pobres. Les resta tiempo para aprovechar las oportunidades que se les ofrece y la autonomía para tomar decisiones respecto a su vida laboral, desarrollo personal y también para poner fin a situaciones de violencia familiar.
      Por otra parte, el mercado de trabajo sigue organizando las actividades productivas sin considerar lo que sucede en la esfera reproductiva. Distribuye las oportunidades de capacitación y desarrollo laboral bajo el supuesto de una disponibilidad total de las personas a los requerimientos del mercado. La conciliación trabajo-familia sigue siendo mayoritariamente orientada a las mujeres, lo cual las ubica como “trabajador anómalo”. Los sindicatos tampoco priorizan en sus agendas temas relativos a la articulación entre trabajo productivo y reproductivo ni a las discriminaciones experimentadas por las mujeres.
El aporte en remuneraciones del trabajo de las mujeres a hogares que tienen un solo proveedor puede permitir superar la línea de pobreza. Sin embargo, tal como se ha advertido antes, esto no significa necesariamente disminuir la pobreza ya que no se está registrando el aumento en los costos del hogar.
      Pero tanto o más importante es considerar su efecto en el riesgo de caer o recaer en la pobreza. El aumento de la movilidad laboral y la inestabilidad de las relaciones de pareja y familiares hacen imprescindible que las remuneraciones de las mujeres dejen de ser tratadas como una contribución secundaria. Este cambio de perspectiva favorece, además, la corresponsabilidad en la realización de tareas domésticas y de provisión económica y disminuye el riesgo de caer en la pobreza, en especial de los hogares con jefatura femenina.


Sabía que...
La Encuesta sobre Calidad de Vida y Salud (2001) muestra que las mujeres que trabajan fuera del hogar realizan 2 y media horas diarias de trabajo doméstico, como promedio de todos los estratos económicos.

Bienestar social y equidad de género

      En la producción de bienestar social, así como en la generación de las equidades e inequidades sociales, las familias, el estado y el mercado cumplen un papel fundamental.
      Las familias contribuyen al bienestar con la realización de tareas domésticas, de cuidado y de socialización. El mercado aporta al bienestar social a través de la producción y distribución de bienes y servicios y de la generación de empleo. Asimismo aporta a las acciones y políticas públicas mediante la tributación. El estado, por su parte, toma acciones para equilibrar el poder de diferentes actores sociales.       A través de políticas sociales, económicas y culturales, el estado desvincula del salario el acceso de las personas a los recursos y asume también tareas de cuidado y socialización.
      Sin embargo, al mismo tiempo estas instituciones son portadoras de mecanismos de discriminación social y de género. El estado contribuye a la discriminación de género cuando actúa como si en todas las familias el padre fuera el proveedor principal y cuando desconoce las relaciones de poder que se establecen al interior de las familias. También lo hace cuando implementa políticas sociales que apelan al trabajo gratuito de las mujeres suponiendo que su tiempo es elástico.
      En el mercado operan mecanismos de discriminación que se traducen en una brecha entre la participación de hombres y mujeres, en la segregación ocupacional y brecha salarial por género. A la vez, las mujeres realizan actividades laborales en condiciones más precarias y muchas veces realizan trabajos que permanecen ocultos, no protegidos y desvalorizados.
      Las familias contribuyen a las desigualdades a través de la división sexual del trabajo. Las dinámicas familiares muchas veces desconocen los derechos de cada uno de sus miembros y distribuyen en forma desigual los recursos y las oportunidades. Asimismo, pueden educar a sus miembros en patrones de comportamiento autoritarios e inequitativos.
      Por estas razones consideramos que las estrategias y políticas comprometidas con la equidad social y de género deben ser integrales y orientadas activamente a hombres y mujeres de manera de evitar la profundización de las desigualdades y para contrarrestar la inercia de la cultura y las resistencias al cambio.


Sabía que...
La encuesta panel de la Casen muestra que hay salidas, entradas y recaídas en la pobreza: entre 1996 y 2006, 3 de cada 10 personas transitaron por la pobreza.

Criterios para definir e implementar políticas

      Las políticas de equidad social y de género deben orientarse a contrarrestar las raíces de la desigualdad. Para ello deben actuar simultáneamente a nivel cultural para que las mujeres y los hombres sean reconocidos como iguales en todos los espacios en que participan. A nivel institucional, para asegurar una distribución más justa de los recursos y responsabilidades entre hombres y mujeres; y a nivel político para favorecer la participación de las mujeres en instancias de diálogo social y en espacios de decisión pública.

Las políticas orientadas a incentivar el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo, especialmente de las más pobres, deberían al mismo tiempo pro- mover cambios en la distribución del conjunto del trabajo social necesario–productivo, reproductivo y de cuidado. La organización del trabajo productivo, tanto para hombres como para mujeres, tendría que contemplar las necesidades y aportes a la reproducción social de las familias y de las personas, hombres y mujeres. Las acciones del estado deberían, a la vez, corregir sus propios sesgos y estereotipos sobre el papel de las mujeres y las familias en sus políticas, servicios y acciones que desarrolla.

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Argumentos para el cambio     ISSN 0717-2346

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