58 enero 2003 más Argumentos ¿comentarios? conteste nuestra encuestaa

El derecho a la vida     En la semana del 13 al 19 de enero fuimos testigos de una situación de extrema gravedad. Griselle Rojas, de 27 años, madre de dos hijas, se encontraba en riesgo de vida debido a un embarazo molar, lo que significa que una masa de células placentarias podría viajar por el torrente sanguíneo a otras partes del cuerpo, formar metástasis y derivar en un cáncer. El feto, con malformaciones cromosómicas, era totalmente inviable desde el momento mismo de la concepción. Pese al dictamen médico que aconsejaba la interrupción del embarazo, al pedido del Colegio Médico al Ministerio de Salud y a las peticiones de Griselle y su esposo a través de los medios de comunicación, presenciamos la postergación de la decisión basada en motivos legales.     Las autoridades del Colegio Médico que solicitaron autorización al Ministerio de Salud para proceder a un aborto terapéutico, supeditaron el criterio médico y su ética profesional a un criterio legal. Ante las reacciones y la inmovilidad del ministro de Salud, se tipificó la intervención como de interrupción del embarazo y no de aborto terapéutico.     Los medios de comunicación jugaron un importante papel al dar amplia cobertura al caso, y algunos periodistas mostraron no sólo simpatía por la demanda de Griselle sino que también su indignación ante la parálisis y la demora en la toma de decisiones. Finalmente, meses después de haber sido diagnosticado el problema y ante el agravamiento de la situación de Griselle, el equipo médico asumió su responsabilidad profesional y decidió intervenir a la joven en riesgo de muerte.     Aunque luego de la intervención médica y de conversaciones con autoridades de la Iglesia, el ministro de salud condene al Colegio Médico por tratar de poner en agenda el aborto terapéutico, el debate sobre este tema ya está abierto.     Argumentos para el cambio considera que este caso pone de manifiesto el poder de las corrientes confesionales que marcan la normativa haciéndola ineficaz para enfrentar problemas como los señalados.

Sabía que... El 76% de los católicos y católicas encuestados/as por la Universidad Alberto Hurtado en Santiago piensa que las declaraciones de la Iglesia sobre temas valóricos deben ser tomadas como una voz más entre otras.

En qué sociedad vivimos     Griselle y su marido tuvieron una respuesta valiente, serena y solidaria con otras mujeres al afirmar que su caso debía sentar un precedente para evitar que esta situación se repitiera. Ella hizo visible la tragedia de muchas otras mujeres enfrentadas al dilema de interrumpir su embarazo por razones médicas. Así sucedió meses atrás cuando se prohibió esta posibilidad a una madre que albergaba un feto que no tenía posibilidades de vivir, sometiéndola a un sufrimiento psicológico y físico prolongado.     El caso de Griselle también ha puesto de manifiesto la brecha que existe entre las normas y las prácticas sociales. Si Griselle hubiese accedido a un servicio privado probablemente su embarazo habría sido interrumpido sin mayores problemas y con gran discreción. Sin embargo, el hecho de atenderse en un servicio público dio visibilidad al caso y mostró las ataduras que impone la existencia de una legislación que no toma en cuenta los avances médicos, ni respeta los derechos de las personas.     Para defender su vida, Griselle tuvo que dar publicidad a su situación, apoyarse en los medios de comunicación, dar argumentos que desconocían su propio derecho a la vida para tratar de bajar las resistencias de los que tenían dudas o se oponían a la intervención. En su discurso subordinó su derecho a la vida a la necesidad de sus hijas y su familia.     Nos preguntamos qué impide en nuestra sociedad reconocer la capacidad y la conciencia ética de las personas para decidir interrumpir un embarazo que pone en riesgo su vida, le impide dar protección a sus hijas y que causa un profundo dolor y angustia a sus cercanos.     La derogación del aborto terapéutico a fines del gobierno militar lo explica en parte. La inexistencia del aborto terapéutico en Chile exige sutiles disquisiciones legales que paralizan las decisiones. En este caso se diferenció entre el aborto terapéutico y la interrupción del embarazo. El primero implicaría elegir entre la vida del niño y la madre, el segundo, se trataría de una intervención médica sobre un órgano enfermo, en este caso la placenta, que puede tener una consecuencia no deseada sobre la vida del feto. Todo este debate legalista supedita el derecho a la vida de las mujeres en situaciones límite, el respeto a su dignidad, el reconocimiento de su conciencia ética y su derecho a decidir, a posiciones ideológicas conservadoras y al poder de una Iglesia.     Jaime Guzmán, uno de los ideólogos de las posiciones confesionales más conservadoras afirmaba: "La madre debe tener el hijo aunque éste salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o, aunque de tenerlo, derive en su muerte... Ella tiene el deber de sujetarse siempre en la ley moral, cualquiera sea el dolor que ello acarree, pues constituye, precisamente, lo que Dios ha impuesto al ser humano".     Nos resulta no sólo inconsistente sino criminal que grupos y personas que se declaran "pro-vida" puedan propiciar que una mujer muera por motivos ideológicos. Llamar interrupción del embarazo a la intervención realizada para salvar la vida de Griselle, en lugar de aborto terapéutico parece solo una manera de evitar que se piense que la prohibición del aborto es relativa, dándole espacio al criterio y conciencia de las personas. Si un embarazo, o las condiciones del mismo, ponen en riesgo a la madre, la interrupción del mismo tiene consecuencias terapéuticas para ella.

Sabía que... Muchos sacerdotes y monjas católicos no apoyan la condena a los anticonceptivos.

La agenda valórica ya está en el debate     Las instituciones y las normas las construyen las personas y colectividades a través de largos procesos de debate, confrontaciones y negociaciones, en los cuales se van acordando las normas que organizan la convivencia social.     Las leyes van cambiando de acuerdo a las transformaciones de la sociedad, de los conocimientos acumulados y de la fuerza e intereses de los distintos grupos. Los cambios no caminan siempre en el sentido del progreso; a veces significan importantes retrocesos como lo que ha sucedido en Chile con el aborto terapéutico.     El 15 de mayo de 1931 el aborto terapéutico es introducido al Código Sanitario. Allí se lo tipifica como problema de salud y de responsabilidad médica. Es derogado a fines del gobierno militar, sin debate público. Con la derogatoria se lo saca de la práctica médica y se lo supedita a consideraciones ideológicas y confesionales.     En la actualidad, el tema está en la agenda internacional y nacional aunque se intente excluirlo de ella, como lo demuestran los llamados de la Iglesia a los políticos católicos a rechazar cualquier discusión sobre leyes de aborto, además de oponerse a la legislación sobre divorcio y a toda normativa con la que no concuerden.     La Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo (1995) y los eventos posteriores han sido un duro campo de disputa entre las concepciones más conservadoras, entre las cuales se encuentra el Vaticano, y las posiciones más democráticas y modernas que sustentan la normatividad en el reconocimiento de los derechos de las personas.     No se trata sólo de un problema médico, de especialistas y de ética profesional sino también de un tema de derechos humanos, el primero de los cuales es el derecho a la vida. Griselle Rojas se vio obligada a ventilar una situación dolorosa, a ser interrogada y cuestionada por su decisión, y a subordinar el derecho a su propia vida a las necesidades de otros, como si este solo derecho no fuera suficiente.     En este sentido, Argumentos para el Cambio apoya la iniciativa de María Antonieta Saa y otros diputados quienes presentaron una Agenda por el Derecho a Decidir, la que contempla la discusión de la ley marco sobre derechos sexuales y reproductivos, la píldora del día después, la educación sexual, el aborto terapeútico y todos aquellos temas que permitan a las personas decidir sobre sus vidas.

Sabía que... La falta de políticas de planificación familiar aumenta el número de abortos clandestinos realizados en malas condiciones, generando un grave problema de salud.

Abordar la agenda valórica     Las normas que hacen referencia a los llamados temas valóricos tienen que ver con la organización de la vida y con las relaciones sociales, con el reconocimiento de la igualdad pero a la vez de la diferencia entre las personas. Por lo tanto, si pretendemos construir una sociedad más democrática es necesario entonces abrir el debate: Facilitando la circulación de información y dando posibilidades de expresión a todas las posiciones. Reconociendo la facultad de decidir de los afectados por los problemas y evitando que otros con más poder tomen decisiones por ellos. Creando espacios para un debate amplio y plural en torno a los temas de la agenda por el derecho a decidir y otros que surjan en este proceso. Confrontando el argumento de que nuestra sociedad no está preparada o que estos temas no son prioritarios.

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